martes, noviembre 14, 2023

Solicitan Comisión Investigadora tras aumento de criminalidad en la Macrozona Sur-Austral


La iniciativa impulsada por el diputado indep.-PPD de la Región de Los Lagos, Héctor Ulloa, busca investigar los actos de Gobierno, especialmente respecto a las acciones de coordinación con las fuerzas policiales y de orden, planificación y programas en la prevención del delito como el Programa Calles Sin Violencia y acciones judiciales como de querellas ejercidas por el Ministerio del Interior a través de sus delegados presidenciales, con sus respectivos resultados en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Sobre la propuesta, el diputado Ulloa dijo que no se debe permitir la extensión de operaciones criminales en el sur de Chile, como ha ocurrido en la zona centro-norte, pero que han mostrado indicios de operaciones criminalesorganizadas en el sur del país.

"Ésta semana vimos con horror el secuestro de un empresario de Rancagua cuya liberación estuvo sujeta a compensación económica y el posterior secuestro de un joven en Iquique. Pero hace dos semanas, acá en Puerto Montt ya tuvimos el primer secuestro a cargo de una banda proveniente de Santiago, donde una pareja fue retenida, trasladada a otra ciudad, drogada y posteriormente abandonada, sustrayendo luego la banda delictual su camioneta, al no poder conseguir 15 millonesde pesos en efectivo que buscaban. Caso al que se suman otros 2 violentos robos en septiembre pasado a familias que se encontraban en sus domicilios en Puerto Montt y Puerto Varas respectivamente", puntualizó Ulloa.

Sumó a su vez, otros actos de bandas organizadas que se han pesquisado entre Los Ríos y Aysén. "No quiero que en nuestra zona se normalice éste tipo de conductas, que son gravísimas. Estos ilícitos se suman a otros actos delictuales cuyo nivel de violencia ha aumentado, como es el asalto y robo de camiones que trasladan salmones; el ataque armado e incendiario a fundos o parcelas en la región de Los Lagos; o, el tráfico de drogas, armas yotras especies, entre las fronteras de Chile y Argentina, como se ha registrado entre Los Lagos y Aysén", sostuvo el parlamentario por Los Lagos.

En ese sentido, a través de la Comisión Especial Investigadora, que se espera tenga amplio apoyo de diputados para concretarse, apunta a revisar el actuar del Gobierno y entidades a cargo de velar por la seguridad ciudadana, considerando la extensión de operaciones de bandas como el Tren de Aragua, cuyos integrantes incluso han sido trasladados al penal Alto Bonito de Puerto Montt, desde donde se teme el origen de nuevas operaciones.

"Tenemos que prepararnos y dar la lucha desde ya, y por tanto hemos solicitado una comisión investigadora para evaluar el programa Calles Sin Violencia, y en segundo lugar, para que el Estado reconozca que aquí tenemos un fenómeno delictual. Aquí tienen que intervenir todos. No normalicemos lo que lamentablemente está sucediendo en el norte con el sicariato, con los secuestros y que en algún momento ocurra o siga ocurriendo en nuestras ciudades del sur", puntualizó el diputado Héctor Ulloa.

En la presentación de la Comisión Especial Investigadora, se considera que, en abril del presente año, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric lanzó el plan Calles sin Violencia. La iniciativa se encuentra en plena ejecución en 46 comunas a nivel nacional; 22 de ellas en la Región Metropolitana, las que concentran la mayor proporción de ocurrencia de homicidios del país (65%) y que representan el 53% de la población del país.

Sin embargo, a seis meses de iniciado el plan calles sin violencia y de haber sido evaluado por la delegación Regional de Los Lagos, se observa un aumento sustantivo de los crímenes en la región, y en general en la zona sur de nuestro país. Según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito, solo en la región de Los Lagos, durante el año 2023, llevamos 10.286 casos policiales, 8.219 denuncias, 2.067 detenciones; y 2.598 aprehendidos, todos por delitos de "mayor connotación social". Lo que es altamente preocupante considerando el alto presupuesto público que se ha invertido en seguridad en el último tiempo en el país.