- La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), se refirió a prácticas identificadas en diversos gobiernos locales a partir de información disponible en sitios web de Transparencia Activa.
- Afirmó que estarían permitiendo pagar grandes cantidades a cargo del presupuesto fiscal y que incluso se han evidenciado casos en que las asignaciones justifican jornadas de más de 24 horas en un día.
Agregó que el uso de disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia “para obtener esta información, evidencia la importancia de nuestra norma”, y subrayó la relevancia de “utilizarla para hacer exigible la rendición de cuenta de las autoridades por parte de la ciudadanía”. Además, reconoció el “rol fundamental” que han tenido los medios usando estos instrumentos para develar casos de irregularidades.
También destacó que “Allí se estarían agregando y pagando enormes cantidades de horas extra a funcionarios”. Gastos a cargo del presupuesto fiscal y que la ciudadanía puede conocer por estar disponibles en la web de dichos organismos –puesto que la ley de Transparencia establece la obligación de mantenerlos publicados, lo que se denomina Transparencia Activa-, y que no sólo se asocian a actividades que no se realizaron o superan el límite legal permitido para dichos fines, sino que además justifican jornadas superan las 24 horas en un día.
De la Fuente detalló que el Consejo para la Transparencia ha impulsado dos fiscalizaciones focalizadas en 2017 y 2019, procesos a partir de los que ha oficiado a la Contraloría para que aplique las sanciones que correspondan.
Para la titular del Consejo, es central el carácter disuasivo del acceso a información como la que se conoce sobre horas extras, dado que permite “exigir integridad en el comportamiento público y sancionar cuando existan irregularidades”. Esto, a su juicio, ha permitido ir acercando a la gente, organizaciones de la sociedad civil y al periodismo investigativo a la transparencia y sus usos prácticos.
Sin embargo, apuntó además a la necesidad de “reforzar la tarea en el uso y los alcances de los mecanismos de seguimiento que el Estado ha instaurado” y el “trabajo de vinculación con el mismo mundo público, a fin de asegurar que sean ellos mismos quienes estén atentos, investiguen y denuncien sobre irregularidades que puedan estar ocurriendo en sus esferas de acción”.
Como parte de las iniciativas que se deben impulsar para erradicar estas prácticas la socialización de los mecanismos y herramientas existentes y una importante tarea formativa y pedagógica con foco ciudadano y en el propio sector público, además de asegurar de que las denuncias serán investigadas.
“No claudicaremos en seguir realizando nuestra labor e incitando a la ciudadanía a ser nuestro consorte en esta tarea, porque solo así podemos seguir avanzando en el aseguramiento del buen uso de los recursos de todos y todas”, finalizó la titular del CPLT.