- Gloria de la Fuente apuntó también a la necesidad de valorar herramientas que permiten el escrutinio de las autoridades, como ocurrió con información de acceso público que se utilizó para una investigación periodística.
Sin perjuicio de ello, subrayó la necesidad de “valorar las herramientas de control social, en este caso, a partir de información de acceso público, que fue analizada por un medio”. Y agregó que a pesar de que avances como estos “no son nunca suficientes”, apuntó a la relevancia de perfeccionar tanto a normativas como a instituciones como parte del accionar contra la corrupción.
Desde una perspectiva integral, refirió a que “un ecosistema de transparencia e integridad de la actividad pública, que es eficiente para combatir la corrupción, debe ser capaz de irse perfeccionando permanentemente, mejorando no sólo la disponibilidad de información, sino que también la persecución de eventuales delitos y la imposición de sanciones”.
Sobre el caso de la candidata al Senado apuntó que: “La transparencia y la integridad en el financiamiento de campañas ha vuelto, lamentablemente, a estar en la agenda en nuestro país a partir de los cuestionamientos a la rendición de gastos de campaña de una candidata a gobernadora”, acotó la presidenta del CPLT.
Al respecto, vinculó situaciones como la conocida con la afectación a la confianza de la ciudadanía, cuya recuperación, a juicio de la representante del Consejo “supone perfeccionar las normas vigentes para hacer exigible la rendición de cuentas y contar con mecanismos adecuados de sanción”. Pero además”poner en valor la integridad en el comportamiento de quienes pretenden dirigir los destinos de nuestro país, para ello es vital avanzar hacia una cultura de la transparencia que sea intolerante a la corrupción a todo nivel.
Y en general, respecto del financiamiento de campañas electorales, espetó: “es importante avanzar en cuestiones tales como ampliar la titularidad de la acción penal en el caso de delitos tributarios (a propósito de boletas ideológicamente falsas); ampliar el plazo de infracciones, faltas o delitos contemplados en la legislación electoral de uno a cinco años y establecer la prohibición de por vida de ejercer cargos públicos para personas condenadas por delitos de corrupción, entre otros.
“La percepción de que hoy tenemos mejores herramientas para descubrir irregularidades y corrupción tiene un correlato con lo que dice los últimos años nuestra Encuesta Nacional de Transparencia que frente a la pregunta “¿los casos de corrupción son más fáciles de detectar, ni más fáciles ni más difíciles de detectar o son más difíciles de detectar que hace 10 años atrás?” el resultado ha sido creciente, al punto que hemos llegado a 63% de personas que creen que son más fáciles de detectar, lo que significa un aumento de 12 puntos respecto al 2015”, finalizó De la Fuente.