Con miras a apoyar el trabajo que se desarrolla a nivel local en materia de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción, la titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, recalcó en el día del funcionario municipal la necesidad de reforzar acciones en entidades como corporaciones municipales, juntas de alcaldes y otras entidades locales “que muchas veces dada su naturaleza jurídica, quedan fuera del escrutinio público”.
Esto, apuntó explicaría que “en ellas predomine el oscurantismo, permitiendo que operen como verdaderas cajas negras, a pesar de que reciben dineros de todos los chilenos y de la innegable función pública que desarrollan”.
Para la presidenta del CPLT ante niveles críticos de desconfianza institucional, agravados por recientes escándalos que golpean a instituciones y figuras centrales para el ordenamiento democrático como autoridades de nivel central y municipal o ex altos mandos de la policía uniformada y civil, se requiere un abordaje que “Implica una mirada comprensiva e integral que apunte al fortalecimiento de un ecosistema de transparencia e integridad”.
Éste, apuntó, debe privilegiar los intereses colectivos por sobre los particulares, “con normas e instituciones más robustas que operen coordinadamente, y que propicie una clara y oportuna rendición de cuentas”, dijo. Lo anterior, explicó, con el “consiguiente impacto en una prestación de servicios y beneficios municipales mucho más eficiente, cuestión tan valiosa y necesaria para mejorar la calidad de vida de las personas”.
Con ese fin, para la titular del Consejo una acción–aunque insuficiente, pero que se hace cargo de la situación de las corporaciones municipales y otras instituciones de derecho privado que manejan recursos del Estado- es la aprobación del proyecto que adecúa aspectos de la Ley de Transparencia. A su juicio, sin embargo, se requiere “ir más allá si buscamos una actuación coherente en la prevención y adecuada sanción de irregularidades o actos de corrupción, si perseguimos hacernos cargo de la sofisticación de los mecanismos creados para eludir las normas”.
“La integridad, la transparencia y el acceso a información para prevenir o descubrir casos de corrupción vuelve a estar en el centro. Veamos este momento como una oportunidad para ir más allá y abordar estas materias en el debate a la luz del nuevo texto constitucional”, agregó.
Foco en el nivel local
La labor del Consejo para la Transparencia a nivel local es de larga data, por la relevancia de estas entidades “al ser éstas la puerta de entrada en la relación de la ciudadanía con el Estado” y a que “la incidencia en la percepción de corrupción en el sector público puede ser aún mayor”. “Según el Estudio Nacional de Transparencia, un 33% de las personas que se han visto obligados a pagar un soborno, dado un regalo o haber hecho un favor a un funcionario público, lo han hecho en el ámbito municipal”, ejemplificó De la Fuente.
Dentro de la realidad local, particular atención ha generado el último tiempo la situación de las corporaciones municipales, juntas de alcaldes y otras entidades de derecho privado recalcó la presidenta del CPLT. Asimismo apuntó a administraciones que se mantuvieron por largos períodos y que se renovaron en junio de este año, y que “han dejado al descubierto una institucionalidad débil, con una estructura administrativa ininteligible y opaca, carente de una burocracia profesional”.
“Esta realidad abona el espacio para el abuso de poder y discrecionalidad excesiva con la que han operado algunas autoridades en espacios en que los controles no pueden ser exhaustivos o se plantean vacíos regulatorios, obstaculizando ejercicios de transparencia y acceso a la información para el control social”, recalcó.