A 13 años de su publicación en el Diario Oficial, la titular del Consejo para la Transparencia, organismo encargado de velar por el derecho a acceder a información pública, subrayó que la iniciativa que se tramita actualmente en el Parlamento es el “piso mínimo”, pero que no ha logrado avanzar, y se requieren mejores estándares.
“Chile cambió tanto que aquello que era un logro, hoy es el piso mínimo”, comentó la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente respecto de la iniciativa que perfecciona la Ley de Transparencia actualmente en trámite en el Parlamento y que regula el derecho de acceso a la información de organismos de la administración del Estado.
La representante del CPLT cuestionó que, pese al reconocimiento transversal del rol de la transparencia y el acceso a la información pública en la reconstrucción de las confianzas y de la legitimidad de los sistemas políticos, “es complejo entender que una iniciativa de tal impacto no haya avanzado con urgencia”, dijo, refiriendo al proyecto de ley que moderniza la regulación y que fue ingresada al Parlamento el 2018.
La titular del CPLT reconoció los avances que contempla esta iniciativa, conocida con el nombre de “Ley de Transparencia 2.0”. Comentó entre ellos, el establecer obligaciones de transparencia activa aplicable a nuevos actores –como en el caso de personas jurídicas sin fines de lucro, limitadas por una serie de condicionantes-, o a empresas concesionarias de servicios públicos sanitarios, de electricidad y otros.
Sin embargo, dijo que este proyecto de ley tiene brechas como por ejemplo “no contempla ampliar el catálogo de sanciones o extender las competencias del Consejo para la Transparencia a todas las instituciones que reciben recursos del Estado”.
Asimismo, destacó que, a nivel internacional, en estas materias los estándares están dados por niveles superiores, como lo establece la Organización de Estados Americanos (OEA) a partir de Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública, que actúa como marco de referencia para las normativas de América Latina.
La presidenta del CPLT hizo además un llamado a las nuevas autoridades “más allá de la tramitación legislativa necesitamos un compromiso claro y concreto de las futuras autoridades, así como con el reconocimiento constitucional del Derecho de Acceso a la Información –corrigiendo un ejercicio legislativo que impidió el reconocimiento de un derecho fundamental- y de su órgano garante”.
De la Fuente planteó que ante recientes hechos asociados a eventuales casos de corrupción “es clave entonces perfeccionar las herramientas de control que permitan combatir la percepción de abuso que experimentan las personas en su relación con las instituciones públicas. La transparencia es un paso acorde a los tiempos, un paso decidido hacia un futuro de confianza social”.