- Gloria de la Fuente, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), junto a investigadoras dela Universidad Adolfo Ibáñez, apuntaron a que Chile no tiene un modelo implementado donde existan obligaciones explícitas de transparencia asociadas al uso de algoritmos para definir cuestiones de alto impacto por parte de instituciones públicas.
Desde el CPLT explicaron que dado el impacto del uso de este tipo de sistemas de decisiones, la ciudadanía debiera conocer cómo funcionan. “En la medida en que estos sistemas comienzan a asumir un rol cada vez más relevante y diverso para resolver problemas públicos, la transparencia algorítmica se erige como un componente esencial, que permite hacer efectivo el control social, la responsabilidad y rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública y el uso responsable de datos personales, componentes esenciales para el funcionamiento democrático”, comentó la titular del CPLT.
La titular del Consejo detalló que actualmente en Chile no se encuentra implementado un modelo con obligaciones explícitas de transparencia de este tipo de sistemas, por ello la entidad inició un trabajo con la Universidad Adolfo Ibáñez. “El laboratorio de de la Universidad Adolfo Ibáñez, GobLab y el Consejo para la Transparencia elaboraron un primer catastro de estos sistemas existentes en organismos públicos”, explicó la representante de la entidad.
“Cientos de organismos sujetos a la fiscalización del Consejo participaron voluntariamente en un primer esfuerzo para abordar esta temática y evaluar información disponible, una serie de desafíos que deben comenzar a abordarse”, espetó.
Falta de información a nivel institucional
De la Fuente subrayó en una columna en Diario Financiero, suscrita también por Romina Garrido, Investigadora Asociada GobLab de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y María Paz Hermosilla, Directora GobLab UAI, que el estudio en el que avanzan ambas instituciones permitió en una primera fase evidenciar ciertas dificultades en la comprensión del concepto de sistemas de toma de decisiones automatizadas, lo que llevó a que un número importante fuera excluido.
“Del total de lo informado por las entidades, un 80% no tenía información disponible en su sitio institucional, sobre aspectos mínimos tales como su justificación o propósito, normas legales que habilitan su uso, datos utilizados, rol del sistema en la toma de decisión, entre otros”, comentaron.