La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, planteó que los ciudadanos “quedamos más expuestos, sin lugar a dudas, en ausencia de una legislación perfeccionada” en protección de datos personales al momento de actividades tan cotidianas como entregar el RUT por requerimientos del comercio y otras entidades privadas y públicas.
Esto “porque en la práctica el procedimiento para poder reclamar es importante” y en el caso de la normativa vigente ante cualquier vulneración no se cuenta con una institucionalidad con facultades de sancionar usos abusivos de este tipo de información. Al respecto, la cientista política explicó que en Chile “cuando una persona siente o cree que ha sido vulnerada en su derecho (al resguardo de sus datos personales) hoy no existe la posibilidad de generar un reclamo efectivo en un órgano que garantice el cumplimiento de la normativa y hay que seguir el camino de Tribunales”.
Una de las cuestiones centrales, explicaron desde el CPLT, es la inexistencia de reglas adecuadas al contexto por la antigüedad de una normativa que data de la década de los noventa. Al respecto apuntó De la Fuente: “La ley de protección de datos personales es de 1999, una ley antigua que no se hace cargo de los cambios tecnológicos en el mundo, del big data, entre otros, pero tenemos reconocimiento v constitucional desde el 2018, pero con una ley que no es proporcional”.
La titular del CPLT explicó que acorde a lo que establece la ley vigente, el Consejo para la Transparencia cuenta hoy con facultades limitadas. “Nos falta una normativa adecuada porque no se hace cargo del cambio tecnológico, pero además porque tenemos pocas facultades y eso tiene que ver con la institucionalidad, es decir, tener un órgano garante específico que pueda específicamente proteger datos personales, que pueda proteger datos que circulan, que pueda hacerse cargo de generar las sanciones adecuadas. Eso es una discusión que está muy pendiente en Chile”, dijo.
Para la representante del Consejo otro aspecto relevante es educar a la población sobre el valor de los datos personales y el derecho a mantener el control sobre ellos, dado que su resguardo es un derecho fundamental. “Hoy, lo más importante es estar muy consciente de que estamos hablando de una información que es relevante, que es valiosa, que de hecho, probablemente en muchos casos se puede tranzar y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de cuánto es adecuado y cuánto no es adecuado entregarla”, subrayó.
Consultada sobre un eventual exceso de solicitudes de identificación a través de este número personal, De la Fuente, explicó que en este contexto se requiere “avanzar a la cultura y la conciencia de la existencia de los datos personales y qué significa entregarlos –sus consecuencias-, pero sobre todo, avanzar hacia una legislación que nos permita, efectivamente, proteger este derecho fundamental a la protección de datos personales”, subrayó la cientista política.
“No se trata de que no se pueda tratar datos personales, el punto es que un país como el nuestro deja más respuestas a las personas respecto a esos derechos fundamentales y creemos que en eso hay que avanzar de manera importante”, dijo.
Modernizar la ley
Por ello, afirmó la titular del CPLT, se requiere acelerar la tramitación del proyecto de ley que perfecciona la normativa, actualmente en sede legislativa. “Estamos hace varios años discutiendo distintas alternativas (…) la última lleva tres años en el Congreso (…) y esperamos que avance de manera importante, porque lo que nos muestra la experiencia cada cierto tiempo, a propósito de la exposición de los RUT, del tratamiento de datos en entidades públicas es que en ausencia de legislación perfeccionada los ciudadanos y ciudadanas somos los que quedamos desprotegidos en la práctica”.
Agregó que por ello que “desde el Consejo para la Transparencia hemos dado la pelea hace varios años para que efectivamente exista esa normativa y que esa legislación convierta al Consejo en el órgano garante en materia de protección de datos, entendiendo que tenemos la experiencia ya de años de hacerlo con los sujetos obligados en materia de Transparencia en el sector público”.
Apuntó que la “experiencia de años trabajando en estas materias desde el Consejo para la Transparencia, es que reglas del juego claras para todos nos ayudan a todos, incluyendo al mundo público y por cierto al mundo privado”. Y que el dotar al país de “un marco regulatorio adecuado no solamente genera espacios para tomar mejores decisiones en materia de políticas públicas, para poder defender derechos fundamentales y generar mejor clima de negocios, para poder trabajar con datos personales”. Lo fundamental, resumió De la Fuente es que esto se produzca en un marco “con reglas que defiendan los intereses y derechos de todos”.