jueves, septiembre 10, 2020

CPLT presenta análisis ciudadano del estallido social y busca fortalecer instancias de participación para salir de la crisis


  • El Consejo para la Transparencia entregó hoy los principales hallazgos de un plan piloto de diálogos ciudadanos desarrollados en diversas regiones del país y que buscó analizar las causales del movimiento social y eventuales caminos de salida desde la visión de las personas.

Una “crisis de confianza y legitimidad de las instituciones” y del modelo de político y económico, cuestionamientos al tipo de ciudadanía que emerge en el país –más individualista y que entrega la política a los partidos- y una crítica sostenida a las elites, son parte de los desafíos que enfrenta Chile tras el estallido social y hoy en la emergencia sanitaria, social y económica derivada de la pandemia por Covid-19.

Esto acorde al diagnóstico de un proceso de diálogos ciudadanos organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) y que fueron presentados en un conversatorio virtual por la consejera de esta entidad, Gloria de la Fuente, en una actividad conjunta con los organismos que integran la Alianza Anticorrupción de Chile UNCAC.

En el contexto de esta presentación, la consejera inició su intervención abordando la desconfianza en las instituciones, indicando que el propio Consejo “no ha estado ajeno” a ello y apuntó a la necesidad de reforzar espacios articulados para reflexionar y enfrentar “de cara a la ciudadanía” la situación que atraviesan organismos públicos y privados a partir de situaciones que impactan en la confianza de los ciudadanos.

La iniciativa, que contempló instancias de conversación con habitantes de cinco regiones del país desarrolladas entre octubre de 2019 y los primeros meses de este año por la Dirección de Vinculación del Consejo, y se originó en un reconocimiento de “la necesidad de avanzar en espacios más horizontales con la ciudadanía” y fortalecer la “escucha directa” con el fin de conocer la visión y experiencia directa de las personas sobre los acontecimientos que se iniciaron el 18 de octubre y sus consecuencias, desafíos y propuestas para avanzar en el contexto actual.

Parte del diagnóstico del CPLT, que fue compartido por los comentaristas de los principales hallazgos del proceso, Marcela Ríos, Representante Residente del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por Jorge Cisternas, representante de la Asociación Chilena de Voluntarios, apuntó a un descontento ciudadano creciente vinculado a una desigualdad que va más allá de los ingresos y a una brecha entre una élite y el resto de los ciudadanos.

“Esta idea de la desigualdad no sólo en torno al ingreso sino a distintos tipos de desigualdad, a esta idea de ellos y nosotros, los privilegiados versus los no privilegiados”, comentó de la Fuente. Y agregó: “Una brecha entre unos pocos privilegiados representados por una especie de élite vinculada con el poder económico y político y una mayoría de individuos cada vez más precarizados y sometidos a la presión de actuar bajo una constante competencia”. Ríos reforzó este punto al comentar: “las personas no sólo han protestado por temas de ingresos, de pensiones o de endeudamiento –son temas al centro- pero vemos que hay una crítica, un malestar respecto de la desigualdad de trato”.

A este respecto, Ríos del PNUD subrayó que este tipo de diagnóstico se ve reforzado por estudios desarrollados por este organismo, entre ellos, el Informe de Auditoría a la Democracia que evidenció un desacople entre élite y ciudadanía, un debilitamiento del sistema de representación político, además de otros factores que inciden en la situación social. Aludió también a la emergencia en la última década de grupos de la población que por distintas razones no participa del sistema político a través de las formas tradicionales y a un conjunto muy importante de personas que desconfían de las instituciones de manera cada vez más extendida, una falta de confianza que afecta no sólo a los partidos políticos sino a todos los órganos del Estado. “Una tendencia preocupante”, enfatizó Ríos.

Ante este escenario, las propuestas levantadas desde los diálogos apuntan fundamentalmente al fortalecimiento del Estado como garante del bienestar social, a una nueva relación Estado-ciudadanía, a formas de relacionamiento de carácter más horizontal, inclusiva y participativa. La cientista política del CPLT enfatizó en que estas cuestiones deben repensarse en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19 y serán un enorme desafío para todas las instituciones.

Al respecto, Cisternas de la Asociación Chilena de Ciudadanos, revisó una serie de fenómenos que han generado profundos cambios sociales y han transformado la relación de Estado y Ciudadanía. “Nos encontramos en una mega crisis política estructural”, afirmó. Ante un escenario social muy fragmentado y hay menos comunicación entre grupos. Asociado a ello, el CPLT planteó la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de relaciones horizontales entre las entidades del Estado y las personas, un enfoque que se considera central para superar la crisis de confianza que se ha instalado en Chile y que hoy evidencia sus efectos en la implementación de medidas asociadas a la emergencia sanitaria por Covid-19.

Otra de las aristas de la reflexión ciudadana se asoció a la relación que establece la ciudadanía entre el valor de la transparencia y el derecho de acceso a información en poder de instituciones públicas y el combate contra la corrupción.

En este sentido, la consejera de la Fuente refirió al esfuerzo que deben hacer las entidades estatales, incluyendo al Consejo, a “abrir conversaciones con la ciudadanía” en este contexto de crisis de confianza. Esto dado que se advierte que la generación de espacios articulados para reflexionar y enfrentar “de cara a la ciudadanía” la situación que entidades relevantes para el sistema democrático y las instituciones en general atraviesan como una forma de hacerse cargo de los cuestionamientos a la legitimidad y a favor de la construcción de objetivos compartidos con los ciudadanos que posibiliten un ejercicio efectivo de derechos.