Manasés Huenuqueo Águila
Docente Derecho
UST Puerto Montt
El estallido social de octubre pasado terminó con un amplio acuerdo político tendiente a iniciar un proceso constituyente, con un itinerario consensuado y que aseguraba la participación ciudadana en todas sus etapas. La nueva Constitución es una oportunidad para cerrar la brecha de legitimidad que tiene el actual sistema político e institucional. Por su parte, el nuevo pacto social se hace cargo de la brecha de dignidad asegurando accesos a servicios básicos de calidad de amplios sectores de la población.
Las democracias avanzadas están explorando nuevos mecanismos en relación entre el Estado y los ciudadanos para revertir la crisis de confianza. Se trata de reemplazar la gobernanza vertical de las políticas públicas y la pasividad de la sociedad con una gobernanza abierta que interactúa con una sociedad activa, que opera como contraparte del Estado. Finalmente, el modelo actual supone que la prosperidad inclusiva viene fundamentalmente del funcionamiento de los mercados, con una acotada y limitada participación del Estado. Es necesario introducir un componente de colaboración inclusiva que no es recogida por los instrumentos tradicionales. El acuerdo político de noviembre pasado, permitió encauzar el estallido social abriendo el itinerario de un proceso constituyente que permita las transformaciones sustantivas que se requieren. Así las cosas, para el logro de los objetivos ya referidos, es vital que el plebiscito del 25 de octubre próximo, goce de una alta participación ciudadana que le provea legitimidad, sea cual sea el resultado.
A la luz de la evidencia que nos muestra el caso francés, postergar el plebiscito surge como la alternativa más razonable en este período de incertidumbre en torno a la pandemia. De lo contrario, estamos arriesgando no solo un evento electoral con poca participación, sino que también manchado por un sesgo de clase, exclusión tácita de la tercera edad y un temor inherente al contagio. La participación electoral es el factor determinante para legitimar el proceso, siendo fundamental que este acto electoral goce de una alta legitimidad y ello depende, precisamente, de la participación de la ciudadanía. Lo ocurrido en la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia el 28 de junio, sugiere que la opción más sana para nuestra democracia es postergar el plebiscito.