- El Consejo para la Transparencia valoró el avance legislativo y recordó que la iniciativa de ley moderniza una serie de aspectos de la Ley de Transparencia a 10 años de su entrada en vigencia.
- Entre los perfeccionamientos que establece destacan: mecanismos de transparencia aplicables a órganos autónomos constitucionales (Contraloría, Banco Central, entre otros) en materia de Transparencia Activa y se incorporan nuevas obligaciones de transparencia activa fiscal y de lenguaje claro, entre otros.
Una positiva valoración del despacho de la iniciativa que moderniza la Ley de Transparencia, cuya entrada en vigencia en abril de 2009- por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, realizó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada.
Para la entidad, este avance en la tramitación del proyecto denominado “Transparencia 2.0” -que fue aprobado por la instancia de la Cámara Baja de forma unánime- permitirá “mover el cerco” en materia de estándares de transparencia, incorporando nuevos actores como sujetos que se verán obligados a cumplir con obligaciones de transparencia y creando nuevos deberes y exigencias cuya facultad de fiscalización recaerá en el Consejo para la Transparencia.
Entre los perfeccionamientos que establece el proyecto destacan: mecanismos de transparencia aplicables a órganos autónomos constitucionales (Contraloría, Banco Central, entre otros) en materia de Transparencia Activa y se incorporan nuevas obligaciones de transparencia activa fiscal y de lenguaje claro, entre otros.
“Enfrentamos este nuevo paso en un marco en el que hemos llegado a la convicción de que la transparencia es central para reforzar a instituciones claves para nuestro sistema democrático, que hoy enfrentan una crisis de confiabilidad que requiere que hagan esfuerzos en materia de transparentar sus acciones, decisiones y procesos”, dijo el titular del CPLT.
“Creemos que tener nuevas exigencias, ampliar el sistema de transparencia e imponerse nuevos desafíos para prevenir la corrupción, que es parte del descontento que derivó en el estallido social son caminos de salida para lo que enfrentamos como sociedad”, finalizó Jaraquemada.
El proyecto de ley podría ser incluido en la tabla de la Sala de la Cámara de Diputados en la última semana de enero, y de ser despachado por dicha instancia pasaría a segundo trámite constitucional en el Senado.