Gracias a la actuación de fiscales y jueces, hoy todas las miradas críticas apuntan hacia un grupo de empresarios y parlamentarios vinculados al sector más conservador de la derecha política, ligados a un sistema para defraudar al fisco con boletas falsas, para rebajar impuestos y así financiar ilegalmente campañas políticas, fraude conocido como “CASO PENTA”; y a lo sucedido en el caso CAVAL, donde el hijo de la Presidenta Bachelet, haciendo uso de su posición y de información privilegiada fue protagonista de un negociado inmobiliario en el que se vio involucrado el mismísimo Andrónico Luksic, uno de los empresarios más cuestionados, no sólo por sus vínculos con la Nueva Mayoría, sino por sus actividades mineras que contaminan el agua y degradan los suelos de pueblos en el norte de Chile.
Estos casos han dejado en evidencia la cuestionable relación entre los negocios y la política que existe en nuestro país, limitando el desarrollo de la democracia, siendo una herencia del modelo neoliberal impuesto en los 17 años de la dictadura, perpetuado por los gobiernos de la concertación y la derecha.
Mientras la ciudadanía aún decanta estos hechos, resulta inaudita la prudencia de las palabras y el silencio de políticos y empresarios; justo en el momento en que se requieren voces fuertes y categóricas que cuestionen la ética de los servidores públicos y denuncien el vínculo entre dinero y política.
Ese silencio mayoritario provoca la legítima sospecha de que no pocos representantes políticos estén cooptados por el poder del dinero, dado que quienes salieron a criticar este contubernio fueron contados con los dedos de la mano.
El caso Penta, todas sus aristas y el caso Caval no son casos aislados y esta es sólo la punta del iceberg. Es cierto que algunas de las situaciones denunciadas aún no alcanzan un rango de ilegalidad y sólo son reñidas con la ética, pero si tuviéramos un marco legal gestado en democracia y normas para delitos económicos menos permisivos, nos libraríamos de varios que ven la política como una forma de enriquecerse.
La ciudadanía, los trabajadores estamos agotados de los actos de corrupción de los grupos económicos del país. Estamos indignados con los abusos del empresariado, cansados de que los bancos, el retail, farmacias, AFPs, Isapres, se enriquezcan a costilla de los trabajadores aumentando la brecha de desigualdad, desigualdad que la Presidenta Bachelet prometió disminuir, pero episodios como el protagonizado por su hijo ponen en tela de juicio sus intenciones.
En ese sentido no es sostenible que parlamentarios que estaban en conocimiento de que el financiamiento que recibían era ilícito, continúen siendo representantes en el poder legislativo.
Todos ellos deben renunciar, es un acto de decencia mínimo que los ciudadanos esperan.
Estos hechos ocurridos recientemente, hacen más urgente avanzar hacia una nueva institucionalidad que impida los actos de corrupción e imposibilite que el dinero controle la política.
En momentos como este, se requiere una mayor presencia del movimiento sindical y un rol activo reprochando el actuar de nuestros representantes y empleadores. Debemos fortalecernos en la unidad y no fragmentarnos como propone el propio modelo, para que nos mantengamos distanciados y desconectados entre sí. Los actos de corrupción deben ser denunciados por los sindicatos, porque finalmente terminaran afectando a los propios trabajadores.
No es sostenible que por la razón que sea no se haya salido a dar una opinión, justo cuando más se necesita una voz que exija que ésta viciada relación entre negocios y política se termine. Los sindicatos junto a la sociedad civil organizada han constituido, de una u otra forma el último bastión de resistencia ante un neoliberalismo brutal que destruye los derechos de los trabajadores y que, justamente, ha permitido que las empresas accedan también a grados desproporcionados de influencia en el mundo político y que utilicen los servicios públicos como oportunidades para sus negocios.
Sin ir más lejos, el HOLDING PENTA es un “hijo pródigo” de este modelo; nació en dictadura adquiriendo empresas estatales a bajo precio, y alcanzó su peak en los gobiernos de la concertación, obteniendo jugosas ganancias de compañías de seguros, AFPs, Isapres y Clínicas, entre otros negocios especulativos.
Lo que ha quedado revelado en estos meses del 2015 en el país es gravísimo; como Central Unitaria de Trabajadores CUT Llanquihue, en representación de todos los trabajadores organizados de la Provincia, del mundo público y privado, condenamos cualquier tipo de relación de subordinación de la política con los negocios. Rechazamos la actual forma de financiamiento de la política que ha permitido a las empresas “elegir” a “sus” parlamentarios y financiar funcionario de Gobierno, violando la confianza pública.
Los sindicatos y los actores sociales debemos sacar la voz porque entre tanto silencio y discreción, algunos ya quieren resolver este tema en alguna “cocina”. Los chilenos no podemos esperar a que quienes son parte (la clase política) sean jueces también y nos presenten la solución mediante un acuerdo que celebren levantando las manos y prometiendo como niños en una travesura “nunca más mamita”.
Se necesita quitarle la retroexcavadora a la Nueva Mayoría, aprovechando que decidió no ocuparla y socavar los cimientos del negocio en la política, cambiar la Constitución Política y definir un marco constitucional democrático y que termine con la corrupción de nuestros representantes.
Necesitamos una Asamblea Constituyente con representantes válidos y limpios de corrupción, boletas ideológicamente falsas y sin uso de información privilegiada. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ya tuvieron su oportunidad y en 25 años no la aprovecharon. Ahora nos toca a nosotros los sindicatos, los movimientos sociales, los colectivos, la agrupaciones religiosas, los colegios profesionales, las minorías, los pueblos originarios, las juntas de vecinos y todas aquellas organizaciones ciudadanas, agarrar el timón y avanzar en la construcción de una sociedad más representativa y democrática. Es el momento de no callar, es el momento de dar la cara y recuperar la política para la democracia y el Estado en pos del Bien Común.
Central Unitaria de Trabajadores CUT LLANQUIHUE
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