Juan Soto
Dirigente Nacional del Colegio de Profesores
Hoy por hoy, el escenario político no es fácil de comprender. Está determinado por las elecciones parlamentarias y presidenciales del mes de octubre, y en este tinglado hay nombres conocidos y otros por conocer. Hay discursos y promesas más o menos conocidas. Lo que no se observa (en una mirada transversal) son ideas nuevas, propuestas inéditas que permitan una real renovación de la política nacional. Lo que no se observa son iniciativas que lleven al país a superar sus muchas limitaciones en el campo político (reforma constitucional), en el campo de la economía (reforma tributaria), en el campo de la educación (una nueva institucionalidad que garantice una educación pública, gratuita y de calidad), o en el campo del trabajo (reforma laboral). No se observa una clara voluntad de escuchar a aquellos que desde 2011 en adelante están llamando al mundo político a emprender los cambios que Chile necesita con extrema urgencia. A ratos, pareciera que la ley que rige el comportamiento político del país no es otra que la del inmovilismo.
Hasta el instante en que se lleven a cabo las primarias será un tiempo tremendamente complicado por cuanto se deberán (re)establecer confianzas, se deberán conciliar los intereses partidarios con los intereses expresados en estos dos últimos años por el movimiento social y ciudadano. No será una tarea fácil. Los temas de la reforma política, de la reforma tributaria, de la educación, de la salud y la previsión; la nacionalización de los recursos naturales, etc. no son cosa menor.
La actual situación política nos lleva a una contradicción principal. Por una parte, un gobierno que aparte de cifras magro económicas indiscutiblemente positivas (debido en gran parte a la estabilidad del cobre en el mercado internacional) es poco más lo que puede exhibir por cuanto sus logros se ven oscurecidos por dos hechos singulares: por una parte, el aumento progresivo de los índices de discriminación y violencia; y por otro, la irresponsabilidad e ineptitud de sus principales ministros que no han hecho otra cosa que agravar la crisis política interna, poniendo en tela de juicio la seriedad y la honorabilidad de las instituciones del Estado.
Situaciones como los temas del Caso Bombas, los temas del Sobreprecio que involucra directamente al Ministerio del Interior; las oscuras manipulaciones que alteraron los formularios del Censo o la poco inteligente adulteración de los datos de la Encuesta Casen, o la burda licitación del Litio donde funcionarios de gobierno aparecen favoreciendo a familiares y a oscuros individuos vinculados a los negocios de la dictadura. O la incalificable situación ocurrida en el SII, donde el gobierno avala incondicionalmente al principal responsable de aquellos hechos. O la bochornosa situación producida en la Cámara de Diputado donde la derecha eligió para el cargo de vicepresidente a un tipo que está ACTUALMENTE CONDENADO POR FRAUDE AL FISCO y que tiene una condena que aún no ha cumplido. ¿Es esta la forma cómo el gobierno y la derecha respetan las instituciones de este país?
En este breve diagnóstico, no podemos dejar de mencionar los casos de corrupción denunciado en el Consejo Nacional de Acreditación, el cierre y quiebra de la Universidad del Mar y de otras que aún no han salido a la luz pública (UPV, SEK, UNIAC, etc.), pero que están allí. A esto se suma el cierre injustificado de numerosos colegios públicos y el despido arbitrario de un importante número de profesores a lo largo de todo el país. Un hecho de la causa. Nadie con representatividad política ha dicho algo al respecto.
El rol del movimiento social por la educación
La aparición del movimiento en defensa de la educación pública (2011) generó una dinámica que impulsó a otros sectores de la sociedad a expresar su oposición a las políticas del gobierno, a expresar su descontento con las acciones y actitudes de la clase política. En estas circunstancias los partidos políticos quedaron rezagados, no estuvieron o no supieron estar a la altura de las circunstancias. Lo verdaderamente importante de todos los hechos que se dieron en el marco de las protestas de 2011 y 2012 es que la ciudadanía puso en el debate nacional temas/país que los partidos políticos no se habían atrevido a plantear hasta ese instante. Lo que aconteció fue que el Movimiento Social trazó una línea indeleble de un antes y un después en el mapa político del país.
Un antes que todos conocemos y un después que está recién escribiéndose. Decimos esto por lo siguiente, cuando la dirigencia política se reúna a definir los ejes programáticos del futuro gobierno, estarán obligados por la historia a escuchar la opinión y el sentir popular, no podrán hacer oídos sordos frente a temas como: la reforma del sistema político, la reforma tributaria, la reforma del sistema educacional, la reforma del sistema previsional, etc. Están en un dilema. Por lo tanto, no será una tarea fácil. Por cuanto, no podrán olvidar que la ciudadanía (como nunca) ha definido, con extrema claridad los ejes de una real alternativa de gobierno, de sociedad y de país. Sin embargo, nos surge una pregunta singular, llegado el momento ¿serán estas propuestas tomadas en cuenta por la clase política? De no hacerlo ¿se repetirán los altísimos porcentajes de abstención electoral? No conocemos la respuesta, solo tenemos la certeza de nuestra preocupación.
Dentro de algunos pocos meses más, los ciudadanos de esta larga y loca geografía deberán pronunciarse por las siguientes alternativas. Por una parte, un continuismo a ultranza encarnado por la derecha, con énfasis en el desmantelamiento del aparato de Estado, en la entrega de las escasas riquezas básica que van quedando a las multinacionales, en acrecentar el poder financiero de los grupos económicos, etc. Y por otra parte, una alternativa de corte progresista que asuma el sentir de la ciudadanía e incorpore en su programa de gobierno los ejes temáticos expresados por el Movimiento Social (tal como aconteció en las plataformas políticas de los alcaldes ganadores en las últimas elecciones municipales). A no dudar, la oposición progresista tiene HOY la enorme responsabilidad histórica de encauzar al país por la senda del desarrollo y la democracia plena.
Los profesores estamos conscientes que entramos en un tiempo histórico que será decisivo para el país y los profesores en particular. Por esta razón que, en instantes que se están estructurando los equipos de trabajo que van a formular el futuro programa de gobierno, queremos señalar y resaltar las principales propuestas educacionales elaboradas por el Magisterio a lo largo de estos últimos años. Se trata de un trabajo que recoge el conocimiento, la reflexión, la experiencia de quienes son los verdaderos actores del proceso educativo: los profesores.
Las principales propuestas del Colegio de Profesores están centradas en tres ejes programáticos básicos: a).- defensa de la Educación Pública; b).-propuesta de una Nueva Institucionalidad; y c).- Carrera Profesional Docente.
a).- Frente al tema de la Educación Pública
La Educación Pública ha sido una preocupación constante del Colegio de Profesores. Es partir del inicio del Movimiento Estudiantil (2011), que el concepto de Educación Pública se comienza a reiterar con mayor insistencia, tanto en el discurso de la oposición como del oficialismo. Sin embargo, ambos aluden a situaciones extremadamente divergentes.
Así por ejemplo, para la oposición y más concretamente, para el mundo progresista se entiende por Educación Pública al sistema nacional educativo que, por lo general, comprende la planificación, supervisión o ejecución directa de planes de estudio y educación escolarizada de diversos niveles académicos siendo preeminente la realización de los niveles que la norma jurídica considere obligatorios. En términos generales, se aplica a la educación básica y a la educación secundaria. O bien, a todo el sistema comprendido entre kindergarten y el último curso de la educación secundaria (incluidos colegios y escuelas técnicas).
Pero, el elemento de mayor importancia tiene que ver con el financiamiento del sistema educacional. Por cuanto, se entiende que la educación pública es una responsabilidad esencial del Estado, que opera a través del Ministerio de Educación. Donde a los gobiernos les corresponde proporcionar el financiamiento (vía presupuesto de la nación), determinar las políticas y los objetivos para el desarrollo integral del país, la planta física y docente, y hasta materiales didácticos para la realización de la enseñanza.
En cambio para el oficialismo el concepto de Educación Pública es diametralmente opuesto. El actual modelo chileno que data de los tiempos de la dictadura (LOCE) y que fuera remozado durante la Concertación (LEGE), es tal vez el único en el mundo que permite a los particulares lucrar con fondos públicos y que privilegia la libertad de empresa sobre el derecho a la educación. La pertinaz insistencia en este modelo y su permanencia en el tiempo, demuestra claramente quienes son los sectores sociales inspirados ideológicamente que, a pesar de su fracaso, insisten majaderamente en sus bondades. En definitiva, el actual sistema educacional obedece a una ideología funcional a un orden económico y social (neoliberalismo) que perpetúa la situación de privilegio y poder de quienes la sostienen y sus círculos relacionados.
b).- Frente a la propuesta de una Nueva Institucionalidad
La Propuesta de una nueva Institucionalidad se orienta a la construcción de un Sistema Nacional de Educación Pública, con integración e inclusión social, igualdad de oportunidades y calidad integral.
La propuesta de una Nueva Institucionalidad hay que analizarla en la perspectiva de la actual crisis del sistema de educación. La idea central es presentar una alternativa a un sistema municipalizado que ha fracasado en su gestión y que en la práctica se ha transformado en la “punta de lanza” del modelo neoliberal para avanzar en la privatización del sistema educacional chileno.
Al mismo tiempo, es una propuesta orientada a fortalecer, con el conjunto de la sociedad, la Educación Pública que el país requiere para su desarrollo. En síntesis, se trata de una propuesta que propugna el regreso de la educación al control del Estado a través de una política de modernización y adecuación a los tiempos actuales, que implica una objetiva descentralización del sistema educacional chileno. Al respecto, queremos resaltar solo tres aspectos básicos de la Nueva Institucionalidad.
En primer término, es una iniciativa que pone énfasis en el carácter del Estado. Nuestra propuesta considera que el Estado es el primer responsable del aseguramiento de una educación pública que permita la integración social y la igualdad de oportunidades con calidad integral. Es el Estado quien debe asegurar educación en todos los lugares que se requiera, sin consideraciones de tipo economicistas como condición de existencia de escuelas o liceos públicos. Este postulado se contrapone drásticamente con el concepto de Estado que sostiene el actual modelo neoliberal vigente, el cual concibe al Estado como subsidiario y proveedor de educación de última instancia. Esto significa que sólo donde la iniciativa privada no vea solvencia económica para actuar, lo deberá hacer el Estado.
En segundo término, la Nueva Institucionalidad propone una estructura descentralizada a nivel local (Direcciones Zonales) dependiente del MINEDUC como cabeza de un sistema coordinado y armónicamente estructurado. La creación de un Consejo Nacional de Educación y de una Superintendencia coordinada por el MINEDUC. De esta instancia nacen los Servicios Regionales de Educación (SER) y de éste las Direcciones Zonales de Educación (DZE) y los respectivos Consejos Asesores Comunales hasta llegar a nivel de la Escuela a través del Consejo Escolar. De esta forma, existirán tantas DZE en cada región como sean necesarias para garantizar una administración eficiente y eficaz.
En tercer término, la Nueva Institucionalidad plantea que el financiamiento del Sistema Escolar Público debe ser en base al presupuesto de la nación, y administrado directamente por el MINEDUC a través de sus instancias descentralizadas (Servicio Regional de Educación) que debe constar con las partidas presupuestarias que garanticen el buen funcionamiento del sistema, pasando todos los funcionarios (administrativos, asistentes de la educación y planta docente) a ser funcionarios públicos regidos por la legislación que exista para dichos efectos. En el caso del Magisterio deberá diseñarse una Carrera Profesional Docente ad hoc al nuevo sistema propuesto.
c).- Frente a la propuesta de una Carrera Profesional Docente
La Carrera Profesional Docente es una demanda permanente del Magisterio desde las resoluciones del Congreso Nacional de Educación (1997). Desde el año 2003 en adelante, este tema ha sido instalado por el gremio en todas las mesas de negociación con el MINEDUC. En el 2005 se vuelve a profundizar sobre esta materia en el Congreso Pedagógico. Dos años más tarde (2007), se desarrolla una serie de seminarios de reflexión a lo largo de todo el país que permitieron definir los criterios centrales para la construcción de una carrera profesional. Con posterioridad, se realizó una consulta a nivel nacional donde los profesores (as) discutieron sobre el tipo de carrera profesional que el país requiere y los mecanismos más adecuados para llevarlo a cabo.
Las Asambleas Programáticas que siguieron a esa consulta ratificaron la necesidad de formalizar una mesa de estudio con el MINEDUC, la que se concreta a comienzos de 2008, generando un primer documento de avance en el que se plasman los principales criterios sobre el tema. Sin embargo, a fines de ese año el Colegio de Profesores decide suspender su participación con el MINEDUC cuando el gobierno incorpora, unilateralmente, en el proyecto de Ley General de Educación, el Artículo 46, letra g, que permite ejercer la docencia a profesionales no docentes en Educación Media. Hecho que presenta una contradicción con el espíritu de la carrera en cuanto a valorar profesionalmente la pedagogía en todos sus términos. En 2010, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, el entonces ministro Lavin designa unilateralmente un Comité de Expertos para elaborar una propuesta de carrera profesional que no considera para nada las propuestas del Colegio de Profesores.
A manera de ilustración, los principios básicos de la Carrera Profesional Docente, en los términos plateados por el Magisterio, son: 1).- una Carrera para todos los docentes independientemente de la dependencia de los establecimientos en que se desempeñan. El sistema nacional de educación debe ser unitario si se busca la calidad de toda la educación: a igual función, iguales condiciones para enseñanza; 2).- El Estado debe crear las condiciones subjetivas y materiales para asegurar el estímulo y la motivación de los docentes en ejercicio, los que estudian pedagogía y los que deseen hacerlo en el futuro; 3).- una Carrera Escalar que permita la progresión profesional de los docentes en el tiempo, que amplíe la progresión en estímulos pedagógicos y salariales entre el inicio y la salida de ella; 4).- una Evaluación Profesional Docente corregida y perfeccionada que pueda constituirse en una de los más importantes antecedentes de promoción dentro de la carrera; 5).- una carrera que reconozca la experiencia, la evaluación profesional común, la investigación y la reflexión de la práctica, y responsabilidades pedagógicas vinculadas con el aula; 6).- un sistema previsional que establezca una forma de jubilación y pensiones especiales para la profesión docente debido a las características y condiciones de mayor intensidad en la relación con personas, como las exigencias que implica la buena enseñanza; 7).-
Por estas reformas luchamos las y los profesores chilenos, y por estas demandas es que adherimos y marchamos junto a nuestros estudiantes y apoderados este 11 de abril, en todas las ciudades y rincones del país.