- Entregarán 10 mil firmas de apoyo a sus propuestas, las que serán entregadas en La Moneda. Señalan que esperan ser considerados en los cambios que anuncia el Ejecutivo y que viajarán desde varias ciudades del sur a Santiago para ser escuchados.
La dirigente dijo que tras la reunión, a la que concurrirán acompañados de los parlamentarios Camilo Escalona, Patricio Vallespín y Alejandro Santana, se trasladarán hasta La Moneda y dejarán al Presidente de la República una carta y las 10 mil firmas de ciudadanos de la región de Los Lagos que exigen reformas al sistema judicial y a las leyes.
“Tenemos el apoyo de otros parlamentarios con los que hemos conversado, así que esperamos que el gobierno apoye las demandas. Llegó el momento que los chilenos tengamos una justicia de verdad”, dijo.
Alicia Suárez –quien es hermana de Augusto Suárez y cuñada de Edith Vargas, el matrimonio que protagonizó el Programa de Canal 13 Cásate Conmigo- y cuyos cuerpos fueron encontrados en Dalcahue el 2007 tras ser atacados mientras dormían- indicó que además instalarán una mesa para recibir nuevas firmas de apoyo en la Plaza de la Constitución.
Dijo que la agrupación que encabeza hace más de 2 años que está realiza la campaña “Por Más Justicia Para Todos los Chilenos”, pero que las demandas no son escuchadas en Santiago, pese a reunirse con abogados asesores del Presidente, por lo que decidieron viajar hasta la capital para entregar una carta al Presidente y las firmas que han conseguido desde hace 2 años.
Recordó que hace 2 años se entrevistaron el ex ministro de Justicia, Felipe Bulnes, pero que no recibieron ninguna respuesta de sus propuestas.
Enrique Osses Suárez
Periodista
“LLEGO EL MOMENTO…A REFORMAR LA REFORMA”
Pauta Agrupación Familiares de Víctimas de Delitos Violentos
Señor Ministro de Justicia
Teodoro Rivera
Presente
- Crear una Comisión que “Reforme la Reforma”
Han pasado más de 10 años desde que se puso en marcha la Reforma Procesal Penal. Si bien es cierto, se han hecho evaluaciones sobre su funcionamiento, creemos que llegó el momento de abrir un debate amplio sobre los problemas que existen, con el fin de mejorar su operación. Se valora el nuevo sistema, pero creemos que es perfectible. Por eso, proponemos la formación, por parte del Gobierno, de una comisión integrada por especialistas –que incluya a representantes de las víctimas- para que estudie estos problemas, sus soluciones y proponga –en un plazo acotado- un paquete legislativo de reformas. - Crear una efectiva Defensoría de las Víctimas.
Solicitamos establecer una defensoría que asesore a las víctimas de delitos graves de sangre, que asegura una adecuada representación de los familiares. En el sistema actual ni los fiscales, ni los defensores, velan por los derechos de las víctimas, los que deben recurrir a abogados particulares, si es que pueden pagarlo.
Solicitamos que esta defensoría ayuda a los delitos graves contra las personas. Para ello, consideramos esencial que los actuales Centros de Victimas pasen a constituirse como Defensoría, pasando desde el ministerio del Interior al de Justicia, con presupuestos propios.
Del mismo modo, solicitamos la plena aplicación de los principios establecidos en la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abusos de poder” de la Organización de Naciones Unidas. El Estado es responsable de proteger a sus nacionales y, por lo tanto, de no hacerlo, debe asumir su responsabilidad. En este sentido, creemos que es de justicia que se establezcan medidas reparatorias a los familiares de las víctimas asesinadas cuando, por ejemplo, se trate del jefe de hogar y su familia quede en el desamparo económico. Se debe asegurar el acceso a bienes básicos en estos casos, como la salud y educación, a los hijos de ese jefe de familia asesinado.
También sostenemos que es necesario establecer medidas de responsabilidad administrativas y reparatorias a las víctimas, cuando los organismos estatales han beneficiado a condenados con libertades provisionales y estos cometen delitos, haciendo uso de tales beneficios. El Estado debe hacerse responsable de las decisiones que toma. - Aumento de pena Homicidio Simple.
De acuerdo a un estudio realizado por Fundación Paz Ciudadana, entre 2002 y 2006,en los juicio orales llevados en los tribunales del país por delitos de homicidio, el 51% de las penas aplicadas estuvo bajo el margen legal de 5 años y 1 día. Es más, el 38% de las condenas estuvo en el rango de 3 a 5 años, cuando legalmente, el "piso' son 5 años de privación de libertad para este delito. Es urgente un aumento de penas para los delitos de homicidio, ya que no es posible que los delitos contra la propiedad tengan, en un buen porcentaje, penas similares o más altas, que aquellos que afectan a las personas. Se requiere dar una señal potente en el sentido de valorar el bien jurídico protegido, como es la vida de las personas. Lo mismo se requiere en el caso de los victimarios menores de edad, que cometen estos delitos sabiendo que tendrán penas menores.
Nos preocupa lo que va a ocurrir en el juicio de Patricio Flores Asencio, quien fue asesinado hace algunos días en Ancud por un sujeto que lo apuñaló. El imputado será procesado por Homicidio Simple, tiene irreprochable conducta anterior y además se entregó a la justicia. Es decir, tiene al menos 2 atenuantes para ser beneficiado con una baja, por lo que podríamos concluir, lamentablemente, la posibilidad de que este asesinato quede prácticamente impune.
Otro de los casos es el de Francisco Pacheco Soto, un joven taxista que tras ser asaltado fue degollado por el homicida. Y pese a que el proceso está siendo investigado como Robo con Homicidio, nuevamente la atenuante Irreprochable Conducta Anterior, hará que los imputados bajen sus condenas.
Una situación similar ocurre en Puerto Montt con el caso de Iván Schmeisser (20), muerto por un menor de edad que hoy está en su casa, mientras sus familiares viven con la angustia de haber perdido a un hijo y que su asesinado quedará prácticamente impune; al igual que quienes mataron a Sergio Rivera (19), en Calbuco, los que también gozan de todos los beneficios que tienen hoy los imputados, quienes está en su casa con arresto domiciliario y que dejaron a Erik Rivera, su hermano, con un enorme cicatriz en su rostro que lo marcará de por vida. - Proyecto de Ley regulación “Irreprochable Conducta Anterior”.
En la actualidad el artículo 11, número 6 del Código Penal, beneficia con la atenuante de irreprochable conducta anterior a todos los imputados, lo que les permite bajar en un grado su condena. Consideramos que esta circunstancia modificatoria debe ser entendida como un beneficio más, no un derecho para el delincuente. Se puede apreciar que el sistema lamentablemente no discrimina entre aquellos que han cometido crímenes impulsados, por ejemplo por necesidad, como lo que en doctrina se conoce corno hurto famélico. Tampoco se diferencia el bien jurídico protegido, así contra la propiedad o contra las personas; simples delitos, o crímenes violentos. Al respecto, somos de la idea de que entregar un beneficio de esta magnitud, es necesario dotar al juez, de las herramientas necesarias para que pueda discernir quién se debe hacer acreedor de dicho beneficio y quién no. A modo ejemplar, no encontrarnos razón lógica para que un abusador de menores que causa un daño irreparable a la víctima y a su familia merezca tener dicho beneficio. ¿Puede acaso el Gobierno justificarlo?
Según el mismo estudio de Paz Ciudadana, en los delitos de violación, la atenuante más aplicada por los jueces, es la "irreprochable conducta anterior', (67% de los casos); en homicidio, esta atenuante llegó al 54%; en "abusos sexuales", nuevamente fue la más utilizada (76%). Un 83% de los condenados por abusos sexuales no tenía antecedentes previos; por lo que pudo ser beneficiado con esta atenuante. En los casos de violación, llega al 74%. En el referido estudio no está definido el porcentaje de víctimas que eran menores de edad; sin embargo el beneficio se entregó a todos.
En la actualidad, nuestra organización cuenta con el respaldo de varios parlamentarios, entre ellos el senador Camilo Escalona y los diputados Alejandro Santana y Patricio Vallespín, quienes se han destacado por el apoyo a la justicia y a nuestra organización.
Demás está decir que ellos apoyan esta ley, al igual que otros parlamentarios como Matías Walker e Ignacio Ceroni. En estos días el senador Carlos Kuschel tendrá una posición clara respecto del tema, pero nos dijo que coincide en lo medular con la propuesta.
En Santiago, le haremos entrega de cerca de 10 mil firmas de ciudadanos de Ancud, Castro, Calbuco, Puerto Montt y Osorno que están de acuerdo con regular esta atenuante. Nuestra campaña de recolección de firma “Por más justicia para los chilenos”, la finalizaremos en Santiago, a pasos del Palacio de la Moneda, para mostrar a los chilenos que llegó el momento de cambios en la justiciade nuestro país. - Derecho de apelación de la víctima en delitos violentos.
Aplicando el principio de “economía procesal”, el Código Procesal Penal establece que los fallos del Tribunal Oral en Lo Penal, no serán apelables. Nuevamente el legislador entrega aquí una solución general, sin discriminar sobre el bien jurídico protegido, colocando “peras con manzanas” en el mismo saco. Así, se da la paradoja de que una persona que vea sus derechos esenciales restringidos o vulnerados, puede presentar un recurso de protección, el cual –con la apelación- será visto por 8 ministros. Un juicio civil de mayor cuantía, en el que lo que se discute es dinero, podrá llegar a ser visto por 9 jueces, considerando todas las instancias. Sin embargo, la vulneración del derecho humano básico –el derecho a la vida- sólo será resuelto por 3 ministros. El actual sistema define a estos jueces como infalibles, ya que no se equivocan en sus sentencias –salvo cuestiones de forma- aumentando no sólo la sensación de injusticia (recordar que la mitad de las penas por homicidio están bajo el rango legal), sino que de impotencia, entre las víctimas.
Por eso, proponemos establecer el derecho de apelación restringido a los delitos de sangre (homicidio, robo con homicidio, violación con homicidio) y a aquellos de abuso sexual en que la víctima sea un menor de edad. - Crear laboratorio de Carabineros para realizar pericias.
Carabineros cuenta con un solo laboratorio capaz de realizar pruebas científicas en los casos de homicidio, el que está en Santiago. La gran demanda que tiene este centro, hace que los resultandos se demoren más de lo esperado, complicando las investigaciones. Además, durante los juicios orales, los peritos deben prestar declaración, lo que complica el trabajo de campo. Por eso, proponemos la posibilidad de estudiar la instalación de laboratorios regionales, al menos uno en la zona norte y otro en el sur, con el fin de descongestionar estas unidades y apurar los juicios, los que hoy llegan a demorarse un año, aumentando la angustia de los familiares de víctimas de delitos violentos.
Agradecemos públicamente a los parlamentarios Camilo Escalona, Alejandro Santana y Patricio Vallespín, por todo el apoyo entregado en este camino. También a concejales de las comunas de Ancud, Puerto Montt y Puerto Varas. A la miles de personas de nuestra región que firmaron en señal de respaldo y que quieren una mejor justicia para nuestro país. Y a todos los miembros de nuestra organización por las horas de esfuerzo comprometida en nuestra causa.
ALICIA SUAREZ EUGENIN
Presidenta Agrupación de Familiares de Delitos Violentos
Ramón González, coordinador Puerto Montt.
Claudia Oyarzo, coordinador Calbuco.
Enrique Osses, encargado de prensa
En Ancud, a 26 de octubre de 2012