Organización pedirá audiencia con los ministros del Interior y de Justicia para plantearles modificaciones legales que aumentan penas a delincuentes violentos y amplían derechos de las víctimas.
Acompañados de los concejales Héctor Jacob (PS) y Ariel Guzmán (UDI), la Agrupación de Familiares de Víctimas de Delitos Violentos realizó por primera vez una jornada de recolección de firmas en la comuna de Puerto Varas, en donde lograron reunir 300 adhesiones ciudadanas y el compromiso del diputado Patricio Lorenzini (DC) de estudiar el Proyecto de Ley que pretende modificar el artículo 11 del Código Penal sobre “Irreprochable Conducta Anterior”.
A ju
icio de la organización, la aplicación de la atenuante -por parte de los jueces- es uno de los principales escollos que deben sortear las víctimas de delitos violentos para obtener condenas ejemplares contra quienes cometen homicidios calificados, violaciones y abusos sexuales reiterados en contra de menores, entre otros ilícitos.
“Hoy se beneficia con la atenuante de irreprochable conducta anterior a todos los imputados, lo que les permite bajar en un grado su condena. Consideramos que esta circunstancia modificatoria debe ser entendida como un beneficio, más no un derecho para el delincuente”, señaló Ramón González, coordinador de la organización en Puerto Montt.
El dirigente se mostró satisfecho y sorprendido por el apoyo de los vecinos de Puerto Varas, a quienes se les explicó los alcances del proyecto de ley que en la zona apoyan los diputados Patricio Vallespín, Alejandro Santana y el senador Camilo Escalona.
“Estuvimos cerca de 3 horas en el centro de Puerto Varas y el respaldo fue muy masivo. Esperamos que el diputado Patricio Lorenzini conozca el proyecto y lo respalde, porque le interesó”, indicó.
El dirigente sostuvo que solicitarán audiencia con el ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, y con el ministro de justicia, Teodoro Ribera, a quienes le entregarán las firmas de los ciudadanos y pedirán apoyo para que el proyecto se convierta en ley.
“Cuando el Estado no está cumpliendo bien su misión de proteger y defender a los ciudadanos, éstos tienen el legitimo derecho de organizarse y presionar a ese Estado para que los cosas cambien, sino es la ley de la selva, sin justicia ni reparación para las víctimas”, dijo González.