por Pedro Díaz Polanco
Director Ciencias Políticas y Gestión Pública
Universidad San Sebastián
El Tribunal de Defensa a la Libre Competencia (TDLC) sancionó a favor del fisco a SalcoBrand y Cruz Verde al pago –a cada una– de unos US$ 19 millones de dólares por la colusión que hicieron –junto a Farmacias Ahumadas– al fijar los precios de 222 medicamentos.
Este dictamen se ha entendido como una prueba del buen funcionamiento de una institución que tiene por objetivo cuidar y regular el buen funcionamiento del mercado y, en consecuencia, un instrumento que ayuda a hacer valer los intereses y derechos de los consumidores.
Sin embargo, esto –a mi entender– no se cumple plenamente, ya que las multas son ostensiblemente menores a los beneficios obtenidos por estas empresas –cerca de US$70 millones de dólares– dejando en claro la necesidad de aumentar las multas en función del daño que se hace al mercado pero también considerando los beneficios obtenidos por los infractores.
A su vez, se requiere que el TDLC no considere como atenuante de quienes infringen la norma su comportamiento anterior, ya que el buen actuar debe considerarse una obligación de todas las empresas.
Ahora bien, entiendo que un sistema eficaz de regulación de una economía de mercado debe tener mecanismos de reparación al Estado así como también para los consumidores, aspecto que la actual legislación no contempla expresamente.