- «He tomado contacto con el Ministro del Interior y le he presentado las dificultades que esto tiene, y le he sugerido que pudiese ser que el Instituto de Derechos Humanos, que fue creado por ley, es autónomo del gobierno y que recibe su financiamiento en el Presupuesto nacional todos los años, pudiese en un plazo de 90 días revisar los casos que ya se presentaron, pero no abrir nuevos casos, sólo los ya presentados. EL ministro quedó de estudiar la idea».
- Manifestó que “esperamos con ello dar una respuesta al dolor a todas las personas con las cuales hemos conversado y que se sienten pasadas a llevar y sienten que el Estado les dio la espalda al haber sido violados en sus derechos humanos y haber sido rechazados”.
El senador PS por la Región de Los Lagos, Camilo Escalona, ante la inquietud que produjo en las personas que no fueron calificadas el pasado viernes 26 de agosto por la Comisión Valech, sostuvo que “he tomado contacto con el Ministro del Interior y le he presentado las dificultades que esto tiene, y le he sugerido que pudiese ser que el Instituto de Derechos Humanos, que fue creado por ley, es autónomo del gobierno y que recibe su financiamiento en el Presupuesto nacional todos los años, pudiese en un plazo de 90 días revisar los casos que ya se presentaron, pero no abrir nuevos casos, sólo los ya presentados”.
“EL ministro quedó de estudiar la idea –sostuvo-, aún cuando considera que el Instituto no tiene las condiciones como para poder sostener una carga de trabajo como es re-estudiar cerca de 20 mil casos. Sin embargo le pareció una buena alternativa la estudiada por mi oficina parlamentaria y asesor jurídico, en el sentido de que las personas afectadas presenten por Ley de Transparencia cada una de sus situaciones a la autoridad, por medio de las gobernaciones al Ministerio del Interior”.
Escalona indicó que “al menos eso como un mecanismo inmediato, a través del cual las personas afectadas pueden dirigirse al Ministerio del Interior, haciendo uso de la Ley de Transparencia para solicitar que sus casos sean atendidos debidamente”, dijo.
El senador Escalona agregó que a todos quienes sufrieron la dictadura y vieron afectados sus derechos humanos y que “lamentablemente no quedaron calificadas, debemos decirle que hemos presentado esas dos alternativas: presentación por Ley de Transparencia y segundo, esperar que el gobierno revise la alternativa que el Instituto de Derechos Humanos pueda recibir la tarea para recalificar todos estos casos que fueron rechazados, naturalmente a través de una decisión del Congreso”.
El senador recordó que “el presidente Lagos nombró la Comisión Valech para personas que sufrieron violación de sus derechos humanos. Eso fue una continuación natural de lo hecho por Aylwin a comienzos de los 90 con la Comisión Rettig, que estableció las víctimas ejecutadas o desaparecidas. La Comisión Valech calificó cerca de 33 mil casos, y el Congreso aprobó una ley a través de la cual se le entregó una pensión de reparación”.
“Sin embargo –dijo- todavía había personas que tenían miedo y no se presentaron; hubo otras que estaban fuera, o trabajando, o no tenían información, y quedó un sector de personas que tenían el derecho y no pudieron ejercerlo, por eso Bachelet presentó una ley que reabrió por 6 meses la Comisión Valech; al reabrirla por 6 meses, se presentaron nuevamente cerca de 30 mil personas. Fueron calificadas cerca de 10 mil, o sea son cerca de 20 mil personas que presentando sus antecedentes, fueron rechazados. Son personas que tienen más de 60 años en su mayoría y lógicamente tienen la aspiración legítima de contar con una pensión de reparación, aunque ésta no es una pensión que va a resolver todos los problemas de una familia y significarían una ayuda para muchas de estas familias que por la situación de represión que vivieron, están en una situación de pobreza. Son muchos los casos sin calificar”.
El senador socialista Camilo Escalona sostuvo que “esperamos con ello dar una respuesta al dolor a todas las personas con las cuales hemos conversado y que se sienten pasadas a llevar y sienten que el Estado les dio la espalda al haber sido violados en sus derechos humanos y haber sido rechazados”.
9 de septiembre de 2011
Unidad de Comunicaciones
Oficina Senador Camilo Escalona
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