- Que junto a los estudiantes, miembros de la Confech, hemos coincidido en la necesidad de producir una reforma estructural al sistema de educación superior en Chile, la cual debe focalizarse en aspectos institucionales, financieros, de calidad, acceso, regulación y fiscalización, con fundamental atención en la recuperación de la educación superior pública.
- Que cualquier cambio estructural que se realice para la recuperación de la educación superior pública chilena pasa por La Construcción de un Nuevo Trato del Estado con sus Universidades. Esto permitirá configurar el anhelado pilar público de la educación superior chilena que garantice la construcción democrática de la sociedad, a través de espacios académicos de calidad, laicos, republicanos y pluralistas, orientados a la inclusión, cohesión, integración y movilidad social.
- Que las Universidades Estatales, bajo la concepción del Nuevo Trato y desde lo público, constituyen un sistema integrado que permite contribuir a la construcción de la sociedad, desde la perspectiva regional -constituyéndose en verdaderos polos de desarrollo donde están ubicadas-, hasta la perspectiva nacional -en aquellas tareas que así lo ameritan-. Se concibe, además, como un sistema que ofrece una completa gama de opciones a los estudiantes, garantizando pluralidad, diversidad, identidad regional y nacional, equidad en el acceso, calidad en los conocimientos adquiridos e integración social, complementado con programas de movilidad y homologación en todos los niveles de educación superior. De esta forma, a diferencia de la situación actual, las instituciones del Estado podrán, efectivamente, acometer tareas conjuntas de relevancia para el país, asociadas a compromisos explícitos con la sociedad, con una mirada de largo plazo y de bien común.
- Que esto requiere, insoslayablemente, de un trato preferente del Estado con sus universidades, el cual supone una nueva estructura de financiamiento permanente con aportes basales para su desarrollo sustentable y expansión, que frene la lógica del autofinanciamiento y creciente privatización de su quehacer académico, incluyendo un fondo de revitalización y una ley de universidades estatales. Nos extraña que estas materias, que estuvieron presentes en las sucesivas propuestas del gobierno, estén ausentes en el temario propuesto por el ejecutivo, las que junto con el aumento del gasto fiscal, constituyen la llave para un cambio estructural del modelo de educación superior.
- Que reclamamos que en el debate público y en cualquier mesa de trabajo instalada para solucionar el actual conflicto en torno a la educación, se tenga la debida consideración con el rol esencial que las universidades estatales han desempeñado y deben seguir desempeñando en el desarrollo cultural, económico, social y ambiental del país, tanto en las tareas de contribuir desde la frontera del conocimiento, como desde la accesibilidad a una educación superior de calidad e integrada.
- Que, por último, es nuestro deber comunicar a la sociedad y a los actores de este debate, nuestro sólido compromiso por la defensa de estos temas en pos de preservar la misión más esencial de nuestras instituciones estatales y públicas, y porque creemos firmemente que una buena educación pública es una condición básica para un robusto y nuevo sistema de educación superior.
Santiago, 15 de septiembre de 2011