- La institución otorga créditos a personas de escasos recursos que no pueden pagarlos, por lo que terminan con sus viviendas sociales rematadas.
La parlamentaria UDI Marisol Turres solicitó en Hora de Incidentes de la Cámara de Diputados que el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) fiscalicen a la cooperativa Detacoop, con sucursales entre las regiones de Tarapacá y Los Lagos, por el alto número de reclamos de sus clientes.
“Esta cooperativa suele otorgar créditos de consumo a personas de muy escasos recursos, que no son sujetos de crédito en otras instituciones como bancos y financieras. La mayoría de las veces su único patrimonio es una vivienda social, por lo general de menos de 300 UF, la que es hipotecada como garantía al momento de otorgársele el crédito y la que, en muchos casos, ha terminado rematada por la cooperativa”, señaló la diputada Turres.
Para intentar explicar la magnitud del problema y el número de familias afectadas en la región, es necesario hacer presente que sólo en el periodo comprendido entre mayo de 2007 y agosto de 2010 ingresaron en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt alrededor de 600 demandas de Detacoop en contra de sus socios para el cobro de sus créditos. “Además, según un estudio de 2009, Detacoop era la cooperativa con mayor índice de conflictividad y mayor número de reclamos ante SERNAC”, afirmó la diputada Turres.
A juicio de la parlamentaria gremialista, el acceso al crédito de consumo y la constitución de las hipotecas es muy expedito, pero las fórmulas que ofrece la cooperativa para resolver los problemas de sus clientes son abusivas. “Si bien se dan posibilidades de repactación, las condiciones que se brindan no son razonables considerando la situación de las personas. Hay casos en que la repactación es en 90 cuotas, con pagos mensuales que los primeros seis meses superan los $450 mil. Para alguien de escasos recursos y que apenas cuenta con una vivienda social es imposible cumplir con dicho compromiso”, explicó la diputada UDI.
“Existen personas de escasos recursos que están perdiendo sus casas. Las viviendas sociales están terminando en poder de personas de mayores ingresos que las compran en remate, lo que causa un doble perjuicio, pues esas familias no podrán optar nuevamente al subsidio. Por ello espero que el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Bancos hagan ejercicio de sus facultades fiscalizadoras para evaluar de qué manera está operando Detacoop, si sus procedimientos se ajustan a la legislación vigente y si está cumpliendo sus objetivos y funciones como cooperativa”, sentenció la diputada Marisol Turres.