Rectores, estudiantes y asociaciones de funcionarios y académicos acuerdan defensa de universidades estatales y critican presupuesto 2011
En el marco de la discusión presupuestaria que se está desarrollando en el Congreso Nacional, el Consorcio de Universidades Estatales (CUECH) se reunió con la Federación de Académicos de Chile (FAUECH), la Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales (ANTUE), la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de Universidades Estatales de Chile (FENAFUECH), la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH) y la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), que representan a cerca de 200.000 personas entre académicos, funcionarios y estudiantes a lo largo de Chile.
Cada uno de los actores expresó su preocupación por el proyecto de Presupuesto 2011, puesto que éste no contempla recursos suficientes para las universidades estatales ni tampoco para su extensión y desarrollo. En especial manifestaron su preocupación por el congelamiento de los aportes basales, el crédito solidario y los fondos de desarrollo institucional, que se abren a todas las universidades acreditadas del sistema. Asimismo, que no se contemplen fondos para la reconstrucción de los daños producidos por el terremoto ni para los compromisos pendientes para el desarrollo de las humanidades, las ciencias sociales y las artes.
Especial mención tuvo en la ocasión la disminución de algunas becas para el primer año de estudio.
Todos coincidieron en la compleja situación en que se encuentran las universidades estatales, puesto que en el actual modelo de educación superior caracterizado por una competencia desregulada con instituciones privadas, las universidades estatales operan en completa desventaja, con controles que retrasan los procesos de adquisiciones e inversiones y que, junto a la imposibilidad de tomar créditos de largo plazo, constituyen impedimentos severos para invertir en el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento. Esta situación se dificulta aún más, toda vez que el aporte basal que reciben del Estado, se encuentra estancado hace varios años.
Todos concordaron en que el Estado y el Gobierno tienen una responsabilidad mayor con estas universidades puesto que son un patrimonio del país. En efecto, son los únicos espacios donde la generación y trasmisión de conocimientos se hace con entera libertad, sin verdades pre establecidas y en un ambiente de excelencia académica. Entendemos que la educación superior no es un bien público negociable en el mercado, sino la base para el desarrollo del país y de las futuras generaciones.
Hubo plena coincidencia en mantener una coordinación en el transcurso de la discusión presupuestaria, de modo de hacer las indicaciones que se consideran relevantes para nuestras universidades y el sistema en general, y de generar las acciones que sean necesarias para defender una educación superior pública plural, democrática y representativa de la sociedad chilena.