- Apenas el 0,25% paga alguna suma de dinero al estado por ser defendido.
Como un verdadero subsidio al delito calificó la diputada de la UDI Marisol Turres el hecho que sólo uno de cada cuatrocientos imputados pague alguna suma de dinero a la Defensoría Penal Pública por su defensa.
En efecto, el análisis de la información proporcionada a la Cámara de Diputados por la Defensoría Penal Pública, permite concluir que apenas el 0,25% de los imputados paga alguna suma y que más de la mitad de quienes pagaron algo lo hicieron en porcentajes iguales o inferiores a un 25% del arancel establecido.
“Esto es un abuso del derecho a la defensa que hace que el delito sea una actividad altamente rentable. Hay casos de narcotraficantes que han sido defendidos por el sistema público en forma totalmente gratuita”, expresó.
La diputada Marisol Turres explicó que para determinar la capacidad de pago de una persona imputada, la Defensoría Penal Pública no considera los mismos factores del sistema de protección social. Dicha capacidad se determina en una mera entrevista con el imputado, sin verificar la veracidad de la información por él entregada.
“Este es un procedimiento muy cuestionable. Es fácil suponer por ejemplo, que un imputado por tráfico de drogas, delitos económicos o estafas reiteradas, con prontuario, no debería ser una persona creíble para efectos de determinar su capacidad de pago”, señaló la parlamentaria.
Frente a esta situación, la diputada de la UDI recomendó verificar en terreno la situación socioeconómica de los imputados y de esa forma determinar el arancel de copago a cancelar por su defensa.
“No es posible que las personas de escasos recursos que obtienen algún beneficio por parte del Estado sean evaluadas por la ficha de protección social, mientras que los imputados por un delito que son defendidos en forma gratuita con un considerable costo para el estado no. Esto es una clara discriminación a los chilenos más modestos”, expresó la parlamentaria.
La diputada Turres anunció que hará entrega de estos antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara y pedirá que se cite al Defensor Nacional para recoger más antecedentes acerca de esta situación.
Del mismo modo, la parlamentaria señaló que solicitará a la Contraloría General de la República que realice una auditoria para determinar si la gratuidad universal en el servicio de defensa penal se está focalizando en forma adecuada o si se ha traducido en un subsidio indeseado a favor de imputados que cuentan con recursos económicos, y que deberían pagar parcial o totalmente los servicios recibidos.
COMUNICADO DE PRENSA
17 de diciembre de 2007.
Luis Toledo Mora
Periodista
Oficina Parlamentaria Puerto Montt
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