Un llamado a finalizar con las medidas de parche y realizar una modernización al sistema de asistencia jurídica realzó la diputada de la UDI Marisol Turres, quien además entrego su apoyo a las demandas de los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ). “Llegó la hora de que el gobierno termine con los parches. Es un deber modernizar el acceso a la justicia ahora”, afirmó.
“En abril del 2006 la Cámara de Diputados por amplia mayoría aprobó un proyecto de acuerdo que presenté junto a otros diputados de la UDI. Dicho proyecto solicitó a la Presidenta de la República la creación de un nuevo Servicio de Asistencia Jurídica y Social que asegure el acceso a la justicia de los más pobres y que garantice que las víctimas de los delitos, las mujeres y los trabajadores cuenten con abogados que los representen ante los tribunales cuando agotadas las instancias extrajudiciales deban inevitablemente litigar” expresó la diputada de la UDI.
En términos generales, la propuesta de la parlamentaria concuerda con la de los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial, quienes demandan la modernización de la justicia y la creación de un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica.
“Los Funcionarios reclaman que las Corporaciones manejan un presupuesto anual equivalente a un tercio de lo asignado a la Defensoría Penal Pública y critican la forma en que el gobierno pretende resolver la asistencia jurídica para los trabajadores cuando comience a operar la reforma laboral. Afirman, con razón, que contratar defensores laborales que se ocupen sólo de la etapa judicial es una medida de parche. Ello aumentaría la dispersión al tener varios organismos descoordinados entre si cumpliendo funciones similares (como sucede con el SERNAM o SENAME), todos parientes pobres de la Defensoría Penal que atiende a los imputados de delitos” señaló la diputada Marisol Turres.
De igual forma, la parlamentaria gremialista hizo presente que actualmente, los Centros de Atención a Victimas de delitos violentos inaugurados por la Presidenta en Santiago, dependen del Ministerio del Interior, pero, cuando las víctimas necesitan ser representadas en juicios son derivadas a la Corporación de Asistencia Judicial.
“La Cámara de Diputados solicitó modernizar el acceso a la justicia y los funcionarios de las CAJ lo exigen. La Presidenta de la República tiene la palabra y la solución”, finalizó la diputada Marisol Turres.
Luis Toledo Mora
Periodista
Oficina Parlamentaria Puerto Montt
09 74 74 711 / (65) 481797
