Federación de Trabajadores
- Con orden de no innovar fue presentado el viernes 15 de julio el texto jurídico con el fin de impedir la venta del porcentaje de acciones que posee el Estado.
La Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, Fenatraos interpuso esta acción legal con el fin de evitar la transferencia financiera que realiza la CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN.
Con esto se pretende anular la venta de acciones de Aguas Andinas verificada el día 15 de junio de 2011 a terceros de identidad indeterminada, e impedir el acuerdo de poner a la venta acciones de las Empresas Sanitarias en que el Estado tiene participación como Esval, Essbio y Essal, debido a la poca transparencia y exceso en sus atribuciones del vicepresidente ejecutivo, señor Hernán Cheyre Valenzuela.
Este viernes 15 de julio fue presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección por Hugo Maturana en su calidad de Presidente de Fenatraos, quien actúo en su nombre y en representación de 3.800 trabajadores del área directamente afectada, correspondiente al 70% del universo de trabajadores contratados de manera directa por las empresas sanitarias, y quienes -señala- “conocen los alcances prácticos de las decisiones adoptadas, y a la postre, son quienes en definitiva recurren en defensa de la propiedad pública de las acciones en dichas empresas”
Fenatraos ha realizado una llamado de alerta desde que se especuló con la venta de las acciones del Estado, hasta las públicas declaraciones del Gobierno. Esta acción pretende resguardar los derechos ciudadanos y para ello entregan antecedentes históricos con el fin de que se evalué el proceso llevado a cabo por el Estado a través de Corfo.
Reseña de la transferencia financiera
En concreto, se conoce que fueron vendidas 1.834.539.519 acciones, equivalentes a un 29,98 por ciento de las acciones que CORFO tenía en la Empresa Sanitaria Aguas Andinas S.A. en la suma de $ 984 millones de dólares.
Asimismo, se conoce que hubo un precio mínimo reservado, que la forma de liquidación fue CN (Contado normal); que hubo parámetros de segmentación también reservados sobre la base de segmentos de demanda, por tipo de inversionistas y por tamaño de las órdenes.
No existe certeza, en tanto, acerca de la identidad de los adquirentes de acciones en las referidas adjudicaciones, puesto que esa información no se ha dado a conocer de manera oficial, pero en trascendidos de prensa y noticiarios radiales, virtuales, y televisivos, se ha expresado que inversionistas locales institucionales locales se quedaron con el 26% del paquete rematado –administradoras de fondo de pensiones locales-, un 25%, a su turno, habría sido comprado por inversionistas extranjeros, y por último, empresas de retail junto a inversionistas no institucionales de montos significativos, se habrían quedado por el 49 % restante.
De esta manera,CORFO vendió el 29,98% de las acciones pertenecientes al Estado el día 15 de junio de 2011, y de este hecho, como del acuerdo previo que tomó CORFO, sólo se pudo tomar conocimiento ese mismo día quince, dado que ahí recién se puso en conocimiento de la opinión pública, ya que con esa data apareció tal hecho noticioso en la prensa y fue abiertamente asumido por las autoridades de gobierno, no obstante no se entregó la información detallada acerca de quién o quiénes y en qué proporción había(n) adquirido dichas acciones.
El agua de todos
Hasta hace 22 años atrás el agua que abastecía a las ciudades y poblados de Chile, y su proceso de tratamiento, correspondía a empresas pertenecientes a todos los chilenos.
Fue en 1931 que se creó la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado dependiente del Ministerio del Interior, entidad que marcó los primeros pasos en el desarrollo institucional del sector sanitario del país.
En el año 1953 –por medio del Decreto Ley N° 150 de ese año- se puso en marcha la Dirección de Obras Sanitarias (D.O.S.) dependiente de la Cartera de Obras Públicas, siendo a la sazón su Ministro el señor Orlando Latorre. Esa nueva institución era el resultado de la fusión del Departamento de Hidráulica y la Dirección de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Chile.
En 1977, se creó el Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS), que fusionando a todas las oficinas que tenían relación con el subsector de Agua Potable y Alcantarillado, tenía como función operar y mantener los sistemas para abastecer a la población urbana de agua potable en cantidad y calidad satisfactorias, así como encargarse de la evacuación de aguas servidas y dotar de agua potable a la población rural concentrada.
En los años 1989 y 1990 se constituyen 13 empresas sanitarias, adoptando la forma jurídica de sociedades anónimas abiertas, una por cada región más la región metropolitana, bajo el alero de la Corporación de Fomento de la Producción y el Fisco de Chile, al amparo de las leyes 18.777 (08.02.1989) y 18.885 (12.01.1990) que autorizaron al Estado para desarrollar actividad empresarial en materia de servicios sanitarios, en las regiones V y Metropolitana y en el resto del país, respectivamente.
Luego, la ley 19.549 (04.02.1998), en sus artículos cuarto y quinto, agregó un nuevo inciso segundo al artículo 4° de la ley 18777 y reemplazó la misma disposición de la ley 1885, estableciendo un mínimo de 35% de participación accionaria del Fisco y CORFO, en total. Se dispuso en las nuevas normas que las acciones del Fisco y CORFO serían siempre necesarias para satisfacer los quórum de votación exigidos en el artículo 67 de la ley 18.046 (sobre sociedades anónimas), por un plazo de diez años y siempre que la participación accionaria del Estado sea igual o mayor al 10%.
Bajo el mandato de Ricardo Lagos Escobar, por último, se promulgó la ley 19.888 (13.08.2003), arts. 5° y 6°, que suprimió las disposiciones que establecían el mínimo de participación.
Realidad mundial y de Chile
Uno de los argumentos entregados por la Federación de Trabajadores a través de su presidente es la realidad del agua en el mundo, con todos sus factores de riego, con antecedentes internacionales se establece que el nivel de agua es critico debido a su escasez, y que este elemento vital de consumo, vinculado a la labor de recolección, distribución y alcantarillado. Los elementos a considerar son la contaminación y enfermedades; la vinculación del agua con la pobreza de los países, el cambio climático como factor de proyección del valor del agua.
Chile es el único país de Latinoamerica que tiene privatizada los servicios sanitarios, produciendo en Europa un efecto contrario de nacionalización al comprender la necesidad de regulación por parte del Estado de estas empresas.
En nuestro país existe una alta concentración de empresas, hasta antes de la reciente transferencia, de la que no se tiene acabado conocimiento atendido el interés manifiesto del gobierno en orden a no revelar esa información, el panorama propietario de las empresas sanitarias era el siguiente:
El 95% de las empresas abastecedoras de agua en Chile están en manos privadas, quedando tan sólo una empresa en manos públicas, o para ser más exacto en poder de la I. Municipalidad de Maipú, y que equivale a un 5% del abastecimiento total.
En ese 95 %, Agbar-Suez lleva una porción ascendente a un 45% y Ontario Teachers un 35%. O sea, entre ambas empresas, consorcios extranjeros, controlan el 80 % del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de Chile y lo hacen a través de las empresas más grandes: Aguas Andinas de Santiago, ESSBIO de Concepción y ESVAL de Valparaíso.
El recurso de protección también considera que la justificación que da Corfo para la venta de las sanitarias carecen de racionalidad estratégica, financiera y económica:
“Hagamos una comparación con otras inversiones del Estado. Es un hecho público y notorio que el Estado de Chile, a consecuencia de los excedentes del cobre, sólo en bonos soberanos, tiene depositados más de US $ 10.000.000.000.- (diez mil millones de dólares), cuya rentabilidad varía entre 2,5 y 7 % anual, o sea, entre la octava y la tercera parte de lo que arrojan las utilidades reales de las empresas sanitarias.
En consecuencia ¿Qué lógica o razón puede tener liquidar activos estatales que están rentando más que otros activos inmovilizados en el exterior y que reditúan una ganancia muy inferior, en términos relativos, a la que produce el control del 35 % de una empresa sanitaria?
La respuesta es sencilla: Ninguna. La decisión de vender puede tener muchas explicaciones, pero ninguna razonabilidad.
Por ende, la decisión de vender se encuentra en las antípodas de lo que dicta el bien común, y su único fundamento –de suyo insuficiente para motivar la decisión de transferir-, viene dado por una visión de corto plazo consistente en la pretensión de obtener recursos hoy, a costa de deshacerse de un capital rentable y seguro, para dejar que las necesidades del mañana se arreglen por sí solas.”
En el resumen de sus argumentos, la Fenatraos señala que “se ha afectado el derecho de propiedad sobre acciones de un servicio público que recaían en un bien estratégico, cual es el agua, su depuración y tratamiento, y los actos en cuestión son el acuerdo de venta adoptado por la CORFO, cuyo contenido y fecha exacta no se ha dado a conocer por dicho órgano, que en primer término amenaza la propiedad de esas acciones, y la venta efectiva materializada el día 15 de junio de 2011, que en definitiva priva del referido bien.”
Contacto:
Hugo Maturana
Presidente FENATRAOS
CEL: 93316960
